Ficheros de morosos. Protección de datos

20 de enero de 2025

Los ficheros de morosos son una herramienta muy utilizada por empresas para evaluar la solvencia de clientes antes de conceder créditos, ofrecer servicios a plazos o realizar contrataciones. Pero ¿es legal incluir a alguien en uno de estos registros? ¿Qué derechos tiene el afectado? ¿Y qué obligaciones tienen las empresas?

En este artículo te explicamos cómo se regulan los ficheros de morosos desde el punto de vista de la protección de datos, qué requisitos exige la ley, qué derechos tienes si te han incluido y qué hacer si consideras que ha sido de forma indebida.

¿Qué es un fichero de morosos?

Un fichero de morosos es un registro automatizado de datos personales donde se recogen los impagos o deudas pendientes de personas físicas o jurídicas. Su finalidad principal es ofrecer información sobre el comportamiento financiero de los clientes.

En España, los más conocidos son:

• ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito)
• BADEXCUG (gestionado por Experian)
• RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas), para empresas

Estar incluido en uno de estos ficheros puede tener consecuencias importantes, como la denegación de créditos, hipotecas o contratos de servicios.

¿Es legal incluir a una persona en un fichero de morosos?

La inclusión en un fichero de morosidad sí es legal, pero solo si se cumplen estrictamente los requisitos que establece el RGPD, la LOPDGDD y la propia normativa sectorial (artículo 20 de la LOPDGDD).

Incluir a una persona sin cumplir los requisitos legales constituye una infracción grave del derecho a la protección de datos y puede dar lugar a sanciones y reclamaciones por daños y perjuicios.

Requisitos legales para la inclusión en ficheros de morosidad

La inclusión de una deuda en un fichero de morosos solo es legal si se cumplen todos estos requisitos:

• La deuda debe ser cierta, vencida, exigible y no discutida.
• Debe existir un requerimiento previo de pago al deudor.
• El importe de la deuda debe superar los 50 euros.
• No pueden incluirse deudas derivadas de contratos nulos o anulados, ni las que estén en discusión judicial o administrativa.
• La inclusión debe notificarse al afectado en un plazo máximo de 30 días desde su registro.
• Los datos deben actualizarse, rectificarse o suprimirse si cambia la situación.
• El tiempo máximo de permanencia en el fichero es de 5 años.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, el tratamiento será ilícito y se podrá